Puertos de Canal de Panamá seguirán operando tras fallo contra la concesión, dice presidente

Un buque mercante navega por el puerto de Balboa, gestionado por CK Hutchison Holdings, en el Canal de Panamá, en la Ciudad de Panamá, el 13 de marzo de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix, archivo)

Un buque mercante navega por el puerto de Balboa, gestionado por CK Hutchison Holdings, en el Canal de Panamá, en la Ciudad de Panamá, el 13 de marzo de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix, archivo)

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CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — El presidente de Panamá aseguró el viernes que los puertos en ambos extremos del Canal de Panamá continuarán operando sin interrupción después de que la Corte Suprema del país dictaminara que la concesión otorgada a una subsidiaria de CK Hutchison Holdings, de Hong Kong, era inconstitucional.

La decisión de la corte el jueves por la noche impulsa el objetivo de Estados Unidos de bloquear cualquier influencia de China sobre la estratégica vía fluvial y provocó de inmediato una fuerte reacción de Beijing.

El presidente panameño José Raúl Mulino dijo que hasta que se ejecute el fallo de la corte —un período de tiempo que no especificó— la Autoridad Marítima de Panamá trabajará con Panama Ports Company, la subsidiaria de CK Hutchison, para asegurar la continuidad de las operaciones en el puerto.

Una vez que la concesión se termine formalmente una subsidiaria local de la empresa danesa de logística A.P. Moller-Maersk operará los puertos en una fase de transición hasta que se pueda licitar y adjudicar una nueva concesión, dijo Mulino.

“Panamá avanza, sus puertos seguirán operando sin alteración y continuaremos sirviendo al mundo como el centro logístico de excelencia que somos”, dijo Mulino en un mensaje de video grabado.

La decisión judicial se produjo tras una auditoría realizada por la contralora de Panamá, que alegó irregularidades en la extensión por 25 años de la concesión otorgada en 2021.

El gobierno del presidente Donald Trump ha hecho de bloquear la influencia de China sobre el Canal de Panamá una de sus prioridades en el hemisferio. Panamá fue el primer país que visitó el secretario de Estado, Marco Rubio, tras asumir como jefe de la diplomacia de Estados Unidos. El viernes, Rubio dijo en X que “Estados Unidos se siente alentado por la reciente decisión de la Corte Suprema de Panamá de declarar inconstitucionales las concesiones portuarias a China”.

A pesar de la insistencia del gobierno de Panamá y de la autoridad del canal de que China no tiene influencia sobre sus operaciones, Rubio indicó que Estados Unidos consideraba la operación de los puertos como un asunto de seguridad nacional. El presidente Donald Trump incluso llegó a decir que Panamá debería devolver el canal al control de Estados Unidos.

La breve declaración de la corte no provee orientación sobre lo que sucederá con los puertos ahora.

Reacción en Hong Kong

La subsidiaria de CK Hutchison, Panama Ports Company, dijo que aún no ha sido notificada sobre la decisión, pero insistió en que su concesión fue el resultado de una licitación internacional transparente.

En un comunicado, indicó que el fallo “carece de base legal y pone en peligro no solo a PPC y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria, así como el Estado de derecho y la seguridad jurídica en el país”.

La compañía apuntó que se reserva todos los derechos para emprender acciones legales en Panamá o en otros lugares, pero no ofreció más detalles.

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El gobierno de Hong Kong rechazó rotundamente el fallo y señaló en un comunicado que se opone frontalmente a que cualquier gobierno extranjero utilice medios coercitivos, represivos o irrazonables para perjudicar seriamente los intereses comerciales de las empresas hongkonesas. Además, apuntó que el ejecutivo panameño debería respetar el espíritu de los contratos y proporcionar un entorno empresarial justo.

“Dada la situación actual en Panamá, las empresas de Hong Kong deberían revisar cuidadosamente sus inversiones existentes y futuras allí”, señaló la nota.

En Beijing, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, dijo a reporteros que China tomaría todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de “la empresa china”, sin detallar los posibles pasos a seguir.

El analista político Edwin Cabrera apuntó que, una vez se notifique a las partes, la cuestión de qué hacer con los puertos pasará al poder ejecutivo de Panamá, en concreto a la Autoridad Marítima.

“Tengo la impresión, por conversaciones que he tenido con algunas personas, de que la operación (de los puertos) no se detendrá”, afirmó Cabrera.

Acuerdo de venta que aparentemente enfureció a Beijing

CK Hutchison Holdings anunció el año pasado un acuerdo para vender su participación mayoritaria en los puertos panameños y en otros en otras partes del mundo a un consorcio internacional que incluía a BlackRock Inc. Pero el acuerdo pareció estancarse debido a las objeciones del gobierno chino.

La empresa dijo el pasado julio que estaba considerando buscar un inversionista chino para que entrase al consorcio como miembro relevante, una medida que algunos interpretaron como una forma de complacer a Beijing, pero CK Hutchison no ha vuelto a pronunciarse al respecto.

La incómoda posición en la que está la compañía subraya los desafíos que enfrentan las élites empresariales de Hong Kong a la hora de lidiar con las expectativas de lealtad nacional de Beijing, especialmente cuando las relaciones entre China y Estados Unidos son tensas. CK Hutchison es propiedad de la familia del hombre más rico de Hong Kong, Li Ka-shing.

El año pasado , la contralora de Panamá auditó la concesión a Panama Ports Company, que había tenido el contrato para operar los puertos desde 1997. La concesión fue renovada por 25 años en 2021, durante el anterior gobierno panameño.

La contralora Anel Flores dijo que la auditoría encontró pagos que no se realizaron, errores contables y la aparente existencia de concesiones “fantasma” operando dentro de los puertos desde 2015. La empresa refutó esas acusaciones.

La auditoría determinó que las irregularidades le habían costado al gobierno alrededor de 300 millones de dólares desde que se extendió la concesión y un estimado de 1.200 millones durante el contrato original de 25 años.

Flores también dijo que la extensión fue otorgada sin el respaldo de su oficina, como es requerido.

El 30 de julio, la contralora impugnó ante la Corte Suprema el contrato de Panama Ports Company para operar los puertos.

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El periodista de The Associated Press Kanis Leung en Hong Kong contribuyó a este despacho.