Acusan a gobernador mexicano y otros funcionarios de traficar grandes cantidades de drogas a EEUU
El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, saluda mientras participa en un simulacro anual de terremoto, el 19 de septiembre de 2024, en Culiacán, México. (AP Foto/Eduardo Verdugo, archivo)
NUEVA YORK (AP) — El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos activos y retirados fueron señalados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en una acusación formal que se hizo pública el miércoles en Nueva York, en la cual se afirma que colaboraron en el envío masivo de estupefacientes ilícitos a Estados Unidos.
Algunos de los funcionarios acusados son miembros del partido gobernante Morena, lo que plantea un dilema político para la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en su intento por contrarrestar las crecientes presiones del gobierno de Donald Trump. También podría empañar los recientes empeños de su gobierno para combatir a los cárteles.
Las autoridades afirmaron que los acusados han desempeñado un papel fundamental a la hora de ayudar al cártel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos. Dicho cártel es uno de los ocho grupos delictivos latinoamericanos a los que Estados Unidos designó como organizaciones terroristas.
Los impactos para el partido gobernante
Entre los acusados hay al menos tres funcionarios —Rocha Moya, quien gobierna Sinaloa desde 2021; el alcalde de la capital de ese estado y un senador— que están afiliados a Morena. Otros funcionarios ocupaban cargos no vinculados a ningún partido mexicano.
Los cargos contra Rocha Moya, de 76 años, incluían asociación delictuosa para la importación de estupefacientes y posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, además de otro cargo por conspiración. De ser declarado culpable podría enfrentarse a cadena perpetua o a una pena mínima obligatoria de 40 años de cárcel.
El gobernador rechazó de forma categórica las imputaciones en su contra y dijo en su cuenta en la red social X que “carecen de veracidad y fundamento alguno”.
Rocha Moya, que fue un firme aliado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y de su política de no confrontación directa con los cárteles de la droga, sostuvo que el ataque no es sólo contra su persona, sino contra el movimiento político oficialista y sus liderazgos, y se inscribe en “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional” y la soberanía de México.
Al ser abordado por periodistas, Rocha Moya comentó el miércoles que se encontraba tranquilo trabajando en Sinaloa y que conversó con Sheinbaum y cuenta con su apoyo. El gobernador descartó que vaya a salir del estado y que haya recibido alguna comunicación del gobierno estadounidense sobre el retiro de su visa.
“Se supone que cuando lo hacen es porque realmente tienen pruebas y el derecho de hacerlo”, indicó.
Vínculos con el cártel de Sinaloa
Según la acusación, algunas de las personas citadas han participado personalmente en la campaña de violencia y represalias del cártel de Sinaloa.
La acusación alega que estaban estrechamente vinculados a la facción de ese cártel conocida como “Los Chapitos”, dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el antiguo líder del cártel que actualmente cumple cadena perpetua en una prisión estadounidense.
La imputación de Rocha Moya, que nació en el mismo municipio de “El Chapo”, fue especialmente llamativa porque en 2024 el gobernador se vio envuelto en un escándalo relacionado con el cártel de Sinaloa. Su nombre apareció en una carta escrita por otro exlíder del cártel, Ismael “El Mayo” Zambada, que fue secuestrado por uno de los hijos de “El Chapo” y entregado a las autoridades estadounidenses. En la misiva, el capo afirmaba que cuando fue secuestrado creía que se dirigía a una reunión con Rocha Moya.
La respuesta del gobierno mexicano
Tras el anuncio del proceso, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó en un comunicado que desde el martes en la tarde había recibido solicitudes de extradición de diversas personas de parte de Estados Unidos, pero no ofreció detalles.
La cancillería indicó que, de acuerdo con la ley vigente sobre extradición, se envió la información a la Fiscalía General de la República para que evalúe las solicitudes.
En el comunicado se refirió que la documentación recibida por parte de la embajada de Estados Unidos —que ya fue revisada por la cancillería— “no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que enviará a la embajada estadounidense una nota de “extrañamiento” debido a que “en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información”.
Por su parte, Ulises Lara, vicefiscal general, declaró en un video que se difundió por internet que la cancillería notificó a la Fiscalía General de las solicitudes de detención con fines de extradición hechas por Estados Unidos, y agregó que se revisará e investigará la información para establecer “si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin” y “el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”.
Lara recordó que sólo se puede aprobar la extradición “si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes de la parte requerida”, pero admitió que la solicitud de Washington “no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”.
Dijo también que para enjuiciar a un funcionario elegido por votación popular se requiere un “juicio de procedencia” para retirarle la inmunidad procesal.
En su mensaje, el vicefiscal cuestionó la información que se divulgó del caso y señaló que eso va en “detrimento de la naturaleza confidencial de los procedimientos penales”.
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Janetsky reportó desde Ciudad de México. María Verza y Fabiola Sánchez, en Ciudad de México, y Jennifer Peltz, en Nueva York, colaboraron con esta nota.
