Contrato del gobierno de EEUU para asistencia legal a niños migrantes genera preocupaciones
Un letrero marca la entrada hacia una serie de carpas en el centro de detención migratoria Camp East Montana, en una base del ejército, el 13 de febrero de 2026, a las afueras de El Paso, Texas. (AP Foto/Morgan Lee, Archivo)
CHICAGO (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump adjudicó un contrato de 150 millones de dólares para asistencia legal a niños migrantes no acompañados a un pequeño bufete de Texas que tiene vínculos con el gobierno, pero poca experiencia en derecho migratorio.
Como resultado, muchos de los grupos de asesoría jurídica que han representado a estos menores desde hace tiempo advirtieron el miércoles que la medida podría dejar a los niños migrantes vulnerables a la deportación.
El contrato otorgado a Burke Law Group, un despacho con sede en Houston, se produce en momentos en que el gobierno federal intensifica su campaña de deportaciones masivas en todo el país, y una semana después de que permitió que expirara un importante contrato con una red de grupos legales que trabajan con niños inmigrantes.
Los proveedores han expresado cada vez más su preocupación de que los menores no cuenten con la ayuda legal de experiencia que necesitan en un momento en que el gobierno ha intensificado las labores de deportación.
Michael Lukens, director de Amica Center, calificó de “perturbadora y sorprendente” la idea de que el gobierno haya otorgado el contrato al bufete texano.
“En realidad es un presagio de una situación en la que los niños no van a tener un debido proceso significativo, ni una oportunidad real de ser escuchados ante un tribunal. No podemos poner a un bufete cualquiera a cargo del cuidado de niños”, subrayó Lukens.
Los grupos señalaron que el contrato, dado a conocer el martes, aplica únicamente a los menores que ya se encuentran alojados en albergues administrados por el gobierno, y que el gobierno tendría que adjudicar otro nuevo contrato que cubra los servicios para los niños migrantes que viven fuera del sistema de refugios. Lukens indicó que actualmente hay unos 1.800 menores de edad en albergues, y alrededor de otros 22.000 que viven con patrocinadores o familiares.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa a la agencia gubernamental responsable del cuidado de niños migrantes no acompañados, no respondió de momento a solicitudes de comentarios.
Bufete vinculado al gobierno de Trump
El gobierno de Trump anunció el martes por la noche la contratación del bufete para brindar servicios legales a menores migrantes no acompañados. El acuerdo entra en vigor el 15 de agosto y tiene una duración de un año.
Únicamente dos de los 25 abogados que figuraban en el sitio web del bufete el miércoles por la mañana cuentan con experiencia relevante en derecho migratorio, de acuerdo con sus biografías.
El bufete está integrado en gran medida por abogados corporativos con vínculos con Trump y con causas conservadoras. La fundadora de la firma, Marcella Burke, fue abogada en la Agencia de Protección Ambiental y en el Departamento del Interior durante el primer mandato de Trump.
El bufete también cuenta entre sus abogados a Justin Shubow, el principal impulsor de los esfuerzos de Trump para exigir que los edificios federales se ajusten a estilos arquitectónicos clásicos y tradicionales, y que en su momento fue designado por Trump al frente de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos. El destacado académico conservador Ilya Shapiro figura como “abogado principal”.
El bufete y su fundadora no respondieron de momento a mensajes en busca de comentarios.
El aviso indica que el contrato de Burke es un “acuerdo cooperativo de fuente única”, lo que significa que el gobierno eligió al bufete sin un proceso competitivo de licitación. No ofreció una justificación para eludir las reglas estándar de licitación.
Gobierno está obligado a facilitar la representación legal
Los niños migrantes que viajan sin la compañía de un adulto son considerados particularmente vulnerables debido a su edad y suelen quedar bajo el cuidado del gobierno federal. Cuentan con diversas protecciones una vez que llegan al país, incluida la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata de 2008, que exige que el gobierno ponga a disposición representación legal para los menores sometidos a procesos de deportación.
Hasta hace poco, dicha representación estaba en manos de una red de casi 100 proveedores de asistencia legal en todo el país. Los proveedores de asesoría jurídica ingresan a los albergues y capacitan a los menores sobre sus derechos, además de que podían representarlos directamente en procedimientos judiciales.
Pero dicho contrato expiró el viernes y, hasta la noche del martes, no estaba claro si se establecería un nuevo contrato o quién realizaría el trabajo.
Además de la incertidumbre contractual, los proveedores de asistencia legal afirman que desde noviembre pasado han tenido dificultades para que se les reembolse por el trabajo que ya han realizado. Sostienen que el gobierno está solicitando información detallada sobre sus clientes, la cual, aseguran, no pueden proporcionar por cuestiones éticas.
Los grupos de defensa señalan que han detectado otras tendencias preocupantes. A partir de abril, los tribunales comenzaron a llamar decenas de casos al mismo tiempo, además de que muchos menores han visto adelantada su fecha de audiencia, con poco tiempo para prepararse.
Confusión generalizada
Otros hechos recientes han planteado dudas sobre las intenciones del gobierno respecto a la representación legal de los niños migrantes, además de que han causado confusión.
The Associated Press tuvo acceso a correos electrónicos que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados —la agencia federal responsable de supervisar a los niños migrantes no acompañados— envió a los abogados de menores migrantes bajo custodia federal. En los correos, enviados la tarde del martes, se solicitaban números de identificación personal de sus clientes y fijaban un plazo de cuatro horas para que los abogados confirmaran su presencia para representar a sus clientes en sus próximas audiencias.
De momento no queda claro el motivo por el que el gobierno hizo este tipo de solicitudes a los abogados.
Por otro lado, abogados de todo el país han dicho que sus audiencias se han visto interrumpidas por abogados que aseguran que el gobierno federal les ha pedido que se hagan cargo de los casos.
En una audiencia para niños inmigrantes no acompañados celebrada el miércoles en Chicago, una abogada que no representaba a ninguno de los menores apareció de repente en la transmisión de video, tal como lo presenció un reportero de The Associated Press.
La abogada dijo que formaba parte de la Comisión de Estados Unidos para los Refugiados e Inmigrantes, y que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados se había puesto en contacto con el organismo para “comparecer a nombre” de menores sin representación legal debido a una “brecha en los servicios jurídicos”. Aseguró que su organización había recibido información privada de los menores de parte del gobierno federal, incluidos sus nombres y números de identificación.
El juez señaló que, dado que todos los menores ya tenían abogados, no iba a permitir que ninguna persona estuviera como observadora en la transmisión de video, y la abogada externa se retiró.
Laura Smith, abogada que representa a algunos de los menores, se dijo confundida por las razones por las que la persona estaba allí: “Parece que esta es una persona que tiene la información de mi cliente”.
El Comité de Estados Unidos para Refugiados e Inmigrantes remitió las preguntas de The Associated Press a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Alexa Sendukas, abogada gerente del Galveston Houston Immigrant Representation Project, dijo que una de las abogadas de su organización fue testigo de una confusión similar en un tribunal de Houston la mañana del miércoles y que su organización había escuchado de situaciones parecidas en otras salas de audiencias del país.
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Santana informó desde Sacramento, González desde McAllen, Texas, y Foley desde Iowa City, Iowa.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
