Mineros se enfrentan con la policía durante una manifestación en la capital boliviana
Mineros se enfrentan con la policía durante una manifestación en la capital boliviana
LA PAZ, Bolivia (AP) — La policía y mineros artesanales que protagonizaban una protesta se enfrentaron el jueves en el centro de La Paz en una escalada de los conflictos sociales que asedia al presidente boliviano Rodrigo Paz.
La policía usó gases lacrimógenos para dispersar a los mineros que habían intentado ingresar por la fuerza a la plaza que alberga al Palacio de Gobierno. Los mineros respondieron detonando pequeñas cargas de dinamita en la segunda semana de protestas de diferentes sectores.
Miles de mineros llegaron hasta el centro de La Paz en reclamo de mayores áreas de trabajo y combustible y explosivos, entre otras exigencias, pero con el correr de las horas comenzaron a corear consignas pidiendo la renuncia del mandatario.
Paralelamente, maestros públicos de las zonas rurales lanzaron piedras y causaron destrozos en el Ministerio de Educación exigiendo aumentos a sus salarios. La policia también usó gases lacrimógenos para dispersarlos.
La Paz ha quedado aislada por los bloqueos y marchas.
Las protestas comenzaron por los campesinos e indígenas que reclamaban la derogación de una ley que permitía hipotecar sus tierras. La noche del miércoles el presidente promulgó una norma que anuló esa ley y pidió que se levanten las manifestaciones.
Por su parte, la Central Obrera de Bolivia (COB) — que en un inicio reclamaba un aumento de salarios— se sumó al pedido de renuncia del mandatario, al que acusa de no dar respuesta a la crisis.
Por la misma razón protestan campesinos aymaras conocidos como Ponchos Rojos que bloquean desde hace días carreteras y que la víspera protagonizaron una masiva marcha hacia la vecina ciudad de El Alto.
Por la noche, el vocero gubernamental José Luis Gálvez aseguró en conferencia de prensa que el mandatario no renunciará y explicó que ante pedidos de un estado de excepción el gobierno utilizaría “esas prerrogativas cuando sean pertinentes para garantizar la paz social”.
El gobierno acusa al expresidente Evo Morales (2006-2019) de estar detrás de las protestas y que están siendo financiadas por el narcotráfico.
Morales rechazó la acusación en su cuenta de X y aseguró que mientras “no se atiendan las demandas estructurales como combustible, comida, e inflación no se frenará la sublevación”.
Agregó que “los indignados están motivados por su conciencia social y por la bronca contra un gobierno que traicionó a sus electores y a la patria... Bolivia vive una rebelión de la gente que inclusive rebasó, inclusive, a sus dirigentes”.
El martes un grupo de seguidores de Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, inició una marcha desde la localidad de Caracollo, a unos 190 kilómetros de La Paz, luego de conocerse una segunda orden de detención librada contra el exmandatario para que responda ante la justicia por el presunto abuso de una menor cuando ejerció el poder.
Mientras, la Iglesia católica convocó a los sectores y al gobierno a dialogar y se ofreció para mediar. Además de llamar a los protestantes a que en los puntos de bloqueo establezcan pausas humanitarias que permitan el paso de ambulancias, transporte público, alimentos, medicamentos, combustibles y de personas que necesitan atención o deben trasladarse por razones urgentes ante la escasez de alimentos.
El gobierno lamentó y responsabilizó a los bloqueos por la muerte de dos mujeres, una ciudadana oriunda de Belice y una boliviana, por falta de atención médica.
Paz asumió hace seis meses tras casi 20 años de gobiernos de izquierda, heredando la peor crisis económica en 40 años. Entre sus primeras medidas anticrisis levantó la subvención a los combustibles y el precio de la gasolina aumentó el doble impactando el costo de vida de los bolivianos.
